El desarme beneficia a la delincuencia y debilita a la policía
Argentina, 29 de Septiembre de 2015
Nota: mdphoy.com
24/04/15 Bs. Aires. -En un duro comunicado hacen responsable a Daniel Scioli, de medidas que aumentarán las consecuencias de la inseguridad, ya que la policía bonaerense quedará en franca desventaja, en los enfrentamientos con delincuentes que poseen mayor y mejor calidad logística y de poder de fuego, esenciales para el combate del narcotráfico, al que por otro lado el gobernador dice librar una lucha sin cuartel.
Es la pregunta que hoy nos hacemos todos los policías en la provincia de Buenos Aires y del país. Y no es por un asunto menor.
Cuando Daniel Scioli asumió por primera vez la gobernación dijo que se ponía al frente de la policía en la lucha contra el delito. Que iba a hacer un abordaje integral de la cuestión. Que iba a respaldar y reconocer a los buenos policías, y a castigar a los malos. No cumplió. Ocho años de gobierno y la inseguridad sigue. Y en aumento…
Ahora el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y candidato a presidente Daniel Scioli, luego de dos periodos de gobierno sin dar solución, según se rumorea, habría prometido que si asume el cargo de Presidente afianzará la lucha por los derechos humanos, eliminando la portación de armas para la policía a nivel nacional, y en su lugar portarán pistolas de gas comprimido que dispara munición no letales de calibre 6mm, en lugar de las 9mm que usa actualmente las fuerzas de seguridad y policiales. Su teoría es que con esto se evitará el famoso “gatillo fácil”. También habría asegurado el mandatario que “…la delincuencia no existe, las armas son el problema, sin arma no hay delito ni gatillo fácil…”
El argumento explicitado en las redes sociales y en el que sustenta este proyecto no confirmado -pero tampoco desmentido-, es tan absurdo como irrespetuoso, porque lleva implícito una grosera mentira a la comunidad y una verdadera afrenta a los policías. Tal es así que entre nuestros camaradas en actividad, a quiénes no se les permite expresarse, se ha generado un gran malestar e indignación. Se sienten una vez más defraudados, están extremadamente indignados. Es que el gobernador con esto estaría confirmando públicamente lo poco que le interesa la vida de sus policías.
¿Qué le pasa al gobernador?
Sabe y le consta que el mentado “gatillo fácil” no existe y no existió nunca. El gobernador sabe y le consta que NO SE CUMPLE con la CAPACITACIÓN PERMANENTE que la sociedad, a través de la Ley 13201 Capítulo V Artículo 11 del apartado K), obliga a los gobernantes. Solo alcanza con preguntar a un policía cantidad y tipo de prácticas de tiro en el último año; o consultarle a uno de los miles de policías egresados con bombos y platillos hace unos meses, cuantos disparos efectuó con su arma reglamentaria antes de salir a la calle a enfrentarse con la delincuencia, para comprobar la falacia del discurso oficial.
Él sabe que “gatillo fácil” es un término acuñado inteligentemente y con malicia por algunos políticos y organismos de derechos humanos, replicado hasta el cansancio por medios de prensa y algunos periodistas, en tiempos que vivían una suerte de luna de miel con el Ministro de Seguridad de aquella década siniestra, el Dr. León Arslanián. Con el mote de “gatillo fácil” gobernantes y legisladores lograron sacarse de encima la responsabilidad de las causas –la falta de entrenamiento- y colgárselas como piedra al cuello, a aquellos empleados policiales que experimenten los efectos trágicos y dolorosos de esas mismas causas. Pagaron -y siguen pagando- con su vida o con su libertad, o con su carrera, el escandaloso incumplimiento de obligaciones de los funcionarios de gobierno. Como es costumbre, la justicia mira para otro lado…
Desde APROPOBA hacemos público nuestro rechazo a las afirmaciones del gobernador y decimos a todo aquel que quiera oír: Si se pretende terminar con el mal llamado “gatillo fácil” lo que debe hacer el gobernador Daniel Scioli es cumplir con sus obligaciones que le manda la ley, comenzando por sus promesas del 2007 de abordar integralmente la cuestión inseguridad, entre otras cosas el entrenamiento del personal en el manejo y uso del armamento. Y en esta cuestión la Justicia también debe hacer su aporte.
Afirmó también el mandatario: “…La delincuencia no existe, las armas son el problema, sin arma no hay delito ni gatillo fácil. Una vez aprobado esto la Argentina pasará a ser integrante de un selecto grupo de países en donde la policía no porta armas de fuego, como lo es Francia, Alemania y Canadá….”
Después de los anunciados viajes de Menem por la estratosfera, jamás habíamos oído nada más ridículo, falaz e irreverente. Es tan burdo este razonamiento que no resiste el menor análisis.
Este pensamiento del gobernador, hecho público, es una afrenta para los uniformados. Una bofetada inmerecida a la familia policial que exhibe una lista de 576 personas entre mujeres y hombres uniformados en actividad, que han sido asesinados por delincuentes y otro tanto de heridos -muchos para siempre-, solamente de la Provincia de Buenos Aires y la Federal, entre 1999 y lo que va de 2015. Muchos fueron literalmente fusilados sin siquiera haber intentado una defensa. Y no pocos fueron masacrados por el solo hecho de ser policías.
Acá conviene aclarar que muchos camaradas de nuestra provincia han caído, inseguros, por falta de entrenamiento en el manejo de su arma.
No pudieron defenderse. Otros, víctimas de la legislación vigente que mantiene a los uniformados encorsetados y limitados en un angosto campo de acción, que por la complejidad del trabajo policial lo expone permanentemente a la desocupación, o a la cárcel si da un paso de más, o al cementerio si da un paso de menos. Dudaron al momento de defenderse.
¿Qué le pasa al gobernador?
Ya durante el año pasado el gobernador dispuso retirar de las seccionales de la provincia todas las ametralladoras, armamento indispensable para la defensa de los policías ante el embate cada vez más agresivo y con armas cada vez más potente, de una delincuencia agrandada por la sobreprotección del propio gobierno y que casi todos los días asesina a algún uniformado indefenso. ¿Cuál fue el fundamento verdadero de esa medida que dejó a los uniformados en inferioridad frente al hampa?
¿Dónde fue a parar ese poderoso armamento?
Hay versiones preocupantes sobre el destino final de esas armas quitadas a la policía. ¿Cuál será ahora el destino de las pistolas 9mm que según este proyecto le serán retiradas a los policías? Esta situación está provocando hoy serias deliberaciones puertas adentro de las dependencias policiales, que nunca se saben cómo pueden terminar.
No obstante -según lo proyecta el candidato Scioli- las policías tampoco podrán usar sus ya insuficientes pistolas 9mm; deberán enfrentar a delincuentes armados con fusiles de guerra o con alguna de las ametralladoras retiradas a la policía, empuñando una insignificante pistola de aire comprimido que dispara proyectiles de plástico de 6mm…
Por lo visto el gobernador está convencido que la problemática de inseguridad, los asaltos a bancos, los piratas del asfalto, los robos a casas, las violaciones, los asesinatos, el narcotráfico, todo, absolutamente todo va a dejar de existir desarmando a los policías y dotarlos de pistolas de juguete.
¿Qué le pasa al gobernador?
En los últimos días el gobierno provincial ha asestado otro duro golpe al componente humano de la fuerza. Desbarató groseramente la carrera policial. Acaba de licuar lo poco que quedaba de orden y disciplina.
Es preocupante comprobar la superficialidad con que las autoridades del gobierno provincial y un amplio sector de la dirigencia política, como lo son legisladores y varios intendentes, tratan de resolver la problemática de la inseguridad. Quienes tienen las más altas responsabilidades políticas de encontrar soluciones para mitigar la crisis, dan la sensación de que estuvieran absolutamente disociados de la realidad.
Al mejor estilo arslaniano alteraron gravemente el orden de mérito indispensable para el ascenso del personal y que es lo que rige la carrera policial. El ministerio de seguridad repartió grados como si fueran suvenires, a policías que no reunía ni siquiera el mínimo requisito de la antigüedad. Gente sin nada de experiencia pasaron a ser superiores jerárquicos de los más viejos. Inclusive de manera ilegal, ya que aquellos ascendidos sin la antigüedad que marca la ley de personal no completaron los aportes previsionales que también manda la ley, por lo tanto ocasionan un serio perjuicio económico a la Caja de Retiros.
La carrera policial ha sido convertida en una competencia desigual, en la que no pocos acomodados y trepadores fueron y serán ascendidos inmerecidamente. Los méritos producto del trabajo y la antigüedad pasaron a ser secundarios. De esta manera, los buenos policías que son la mayoría, hoy sienten despreciado su esfuerzo y buena conducta, como así frustradas sus expectativas legítimas de asensos y progreso, por obra de los alcahuetes amigos del poder, consentidos por funcionarios mediocres a los que poco y nada les interesa, ni la vida de la institución ni la seguridad de los ciudadanos.
Después de todo es una institución más de la administración pública. También deberá hacerse cargo de las consecuencias. Pero es necesario aclarar que luego de estas afirmaciones, que significan abandonar a los policías a su suerte, advierto que urgentemente deberían elaborar una suerte de Plan “B” para combatir a la delincuencia en nuestra provincia. Presumo que los uniformados, indignados por la demostración de desprecio por sus vidas que ha evidenciado la máxima autoridad, y hartos de manoseos, en estas horas estarán considerando hasta qué punto es valedero seguir apoyando con el máximo esfuerzo humano, a una gestión de gobierno que se revela ostensiblemente hostil con ellos, a quienes tiene la obligación de proteger.
La voluntad de trabajo, el afán por hacer las cosas bien, el espíritu de colaboración necesaria para que el sistema funcione aún ante las carencias, el entusiasmo por servir, todo entró en un cono de sombras que pronto se reflejará inevitablemente en la inseguridad.
El gobernador tiene el derecho también a incrementar su celo en velar por los derechos humanos de los delincuentes, pero lo que la sociedad -y los policías somos parte de esa sociedad- está reclamando desde hace rato y sin respuesta, es que su gobierno se ocupe con el mismo ahínco en velar por los derechos humanos de los ciudadanos que no asesinan, no violan, no roban y se desloman todos los días para pagar los impuestos que son el sostén de su gobernabilidad.
http://www.mdphoy.com/el-desarme-beneficia-a-la-delincuencia-y-debilita-a-la-policia-119494/
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Nota: mdphoy.com
24/04/15 Bs. Aires. -En un duro comunicado hacen responsable a Daniel Scioli, de medidas que aumentarán las consecuencias de la inseguridad, ya que la policía bonaerense quedará en franca desventaja, en los enfrentamientos con delincuentes que poseen mayor y mejor calidad logística y de poder de fuego, esenciales para el combate del narcotráfico, al que por otro lado el gobernador dice librar una lucha sin cuartel.
En un comunicado que lleva como título “
¿Qué le pasa al Sr. Gobernador…?
Es la pregunta que hoy nos hacemos todos los policías en la provincia de Buenos Aires y del país. Y no es por un asunto menor.
Cuando Daniel Scioli asumió por primera vez la gobernación dijo que se ponía al frente de la policía en la lucha contra el delito. Que iba a hacer un abordaje integral de la cuestión. Que iba a respaldar y reconocer a los buenos policías, y a castigar a los malos. No cumplió. Ocho años de gobierno y la inseguridad sigue. Y en aumento…
Ahora el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y candidato a presidente Daniel Scioli, luego de dos periodos de gobierno sin dar solución, según se rumorea, habría prometido que si asume el cargo de Presidente afianzará la lucha por los derechos humanos, eliminando la portación de armas para la policía a nivel nacional, y en su lugar portarán pistolas de gas comprimido que dispara munición no letales de calibre 6mm, en lugar de las 9mm que usa actualmente las fuerzas de seguridad y policiales. Su teoría es que con esto se evitará el famoso “gatillo fácil”. También habría asegurado el mandatario que “…la delincuencia no existe, las armas son el problema, sin arma no hay delito ni gatillo fácil…”
El argumento explicitado en las redes sociales y en el que sustenta este proyecto no confirmado -pero tampoco desmentido-, es tan absurdo como irrespetuoso, porque lleva implícito una grosera mentira a la comunidad y una verdadera afrenta a los policías. Tal es así que entre nuestros camaradas en actividad, a quiénes no se les permite expresarse, se ha generado un gran malestar e indignación. Se sienten una vez más defraudados, están extremadamente indignados. Es que el gobernador con esto estaría confirmando públicamente lo poco que le interesa la vida de sus policías.
¿Qué le pasa al gobernador?
Sabe y le consta que el mentado “gatillo fácil” no existe y no existió nunca. El gobernador sabe y le consta que NO SE CUMPLE con la CAPACITACIÓN PERMANENTE que la sociedad, a través de la Ley 13201 Capítulo V Artículo 11 del apartado K), obliga a los gobernantes. Solo alcanza con preguntar a un policía cantidad y tipo de prácticas de tiro en el último año; o consultarle a uno de los miles de policías egresados con bombos y platillos hace unos meses, cuantos disparos efectuó con su arma reglamentaria antes de salir a la calle a enfrentarse con la delincuencia, para comprobar la falacia del discurso oficial.
Él sabe que “gatillo fácil” es un término acuñado inteligentemente y con malicia por algunos políticos y organismos de derechos humanos, replicado hasta el cansancio por medios de prensa y algunos periodistas, en tiempos que vivían una suerte de luna de miel con el Ministro de Seguridad de aquella década siniestra, el Dr. León Arslanián. Con el mote de “gatillo fácil” gobernantes y legisladores lograron sacarse de encima la responsabilidad de las causas –la falta de entrenamiento- y colgárselas como piedra al cuello, a aquellos empleados policiales que experimenten los efectos trágicos y dolorosos de esas mismas causas. Pagaron -y siguen pagando- con su vida o con su libertad, o con su carrera, el escandaloso incumplimiento de obligaciones de los funcionarios de gobierno. Como es costumbre, la justicia mira para otro lado…
Desde APROPOBA hacemos público nuestro rechazo a las afirmaciones del gobernador y decimos a todo aquel que quiera oír: Si se pretende terminar con el mal llamado “gatillo fácil” lo que debe hacer el gobernador Daniel Scioli es cumplir con sus obligaciones que le manda la ley, comenzando por sus promesas del 2007 de abordar integralmente la cuestión inseguridad, entre otras cosas el entrenamiento del personal en el manejo y uso del armamento. Y en esta cuestión la Justicia también debe hacer su aporte.
Afirmó también el mandatario: “…La delincuencia no existe, las armas son el problema, sin arma no hay delito ni gatillo fácil. Una vez aprobado esto la Argentina pasará a ser integrante de un selecto grupo de países en donde la policía no porta armas de fuego, como lo es Francia, Alemania y Canadá….”
Después de los anunciados viajes de Menem por la estratosfera, jamás habíamos oído nada más ridículo, falaz e irreverente. Es tan burdo este razonamiento que no resiste el menor análisis.
Esperemos que alguien con sentido común lo llame a la reflexión.
Este pensamiento del gobernador, hecho público, es una afrenta para los uniformados. Una bofetada inmerecida a la familia policial que exhibe una lista de 576 personas entre mujeres y hombres uniformados en actividad, que han sido asesinados por delincuentes y otro tanto de heridos -muchos para siempre-, solamente de la Provincia de Buenos Aires y la Federal, entre 1999 y lo que va de 2015. Muchos fueron literalmente fusilados sin siquiera haber intentado una defensa. Y no pocos fueron masacrados por el solo hecho de ser policías.
Acá conviene aclarar que muchos camaradas de nuestra provincia han caído, inseguros, por falta de entrenamiento en el manejo de su arma.
No pudieron defenderse. Otros, víctimas de la legislación vigente que mantiene a los uniformados encorsetados y limitados en un angosto campo de acción, que por la complejidad del trabajo policial lo expone permanentemente a la desocupación, o a la cárcel si da un paso de más, o al cementerio si da un paso de menos. Dudaron al momento de defenderse.
¿Qué le pasa al gobernador?
Ya durante el año pasado el gobernador dispuso retirar de las seccionales de la provincia todas las ametralladoras, armamento indispensable para la defensa de los policías ante el embate cada vez más agresivo y con armas cada vez más potente, de una delincuencia agrandada por la sobreprotección del propio gobierno y que casi todos los días asesina a algún uniformado indefenso. ¿Cuál fue el fundamento verdadero de esa medida que dejó a los uniformados en inferioridad frente al hampa?
¿Dónde fue a parar ese poderoso armamento?
Hay versiones preocupantes sobre el destino final de esas armas quitadas a la policía. ¿Cuál será ahora el destino de las pistolas 9mm que según este proyecto le serán retiradas a los policías? Esta situación está provocando hoy serias deliberaciones puertas adentro de las dependencias policiales, que nunca se saben cómo pueden terminar.
No obstante -según lo proyecta el candidato Scioli- las policías tampoco podrán usar sus ya insuficientes pistolas 9mm; deberán enfrentar a delincuentes armados con fusiles de guerra o con alguna de las ametralladoras retiradas a la policía, empuñando una insignificante pistola de aire comprimido que dispara proyectiles de plástico de 6mm…
Por lo visto el gobernador está convencido que la problemática de inseguridad, los asaltos a bancos, los piratas del asfalto, los robos a casas, las violaciones, los asesinatos, el narcotráfico, todo, absolutamente todo va a dejar de existir desarmando a los policías y dotarlos de pistolas de juguete.
¿Qué le pasa al gobernador?
En los últimos días el gobierno provincial ha asestado otro duro golpe al componente humano de la fuerza. Desbarató groseramente la carrera policial. Acaba de licuar lo poco que quedaba de orden y disciplina.
Es preocupante comprobar la superficialidad con que las autoridades del gobierno provincial y un amplio sector de la dirigencia política, como lo son legisladores y varios intendentes, tratan de resolver la problemática de la inseguridad. Quienes tienen las más altas responsabilidades políticas de encontrar soluciones para mitigar la crisis, dan la sensación de que estuvieran absolutamente disociados de la realidad.
Al mejor estilo arslaniano alteraron gravemente el orden de mérito indispensable para el ascenso del personal y que es lo que rige la carrera policial. El ministerio de seguridad repartió grados como si fueran suvenires, a policías que no reunía ni siquiera el mínimo requisito de la antigüedad. Gente sin nada de experiencia pasaron a ser superiores jerárquicos de los más viejos. Inclusive de manera ilegal, ya que aquellos ascendidos sin la antigüedad que marca la ley de personal no completaron los aportes previsionales que también manda la ley, por lo tanto ocasionan un serio perjuicio económico a la Caja de Retiros.
La carrera policial ha sido convertida en una competencia desigual, en la que no pocos acomodados y trepadores fueron y serán ascendidos inmerecidamente. Los méritos producto del trabajo y la antigüedad pasaron a ser secundarios. De esta manera, los buenos policías que son la mayoría, hoy sienten despreciado su esfuerzo y buena conducta, como así frustradas sus expectativas legítimas de asensos y progreso, por obra de los alcahuetes amigos del poder, consentidos por funcionarios mediocres a los que poco y nada les interesa, ni la vida de la institución ni la seguridad de los ciudadanos.
El esmero por el trabajo, el afán de superación y el culto a la virtud que debe predominar en el personal, entra ahora inexorablemente en un cono de sombras.
La indignación se ha instalado en las filas policiales y un creciente malestar va camino a exteriorizarse en cualquier momento, según los comentarios que, ojalá no sean ciertos.
El gobierno puede hacer de la institución policial lo que quiera.
Después de todo es una institución más de la administración pública. También deberá hacerse cargo de las consecuencias. Pero es necesario aclarar que luego de estas afirmaciones, que significan abandonar a los policías a su suerte, advierto que urgentemente deberían elaborar una suerte de Plan “B” para combatir a la delincuencia en nuestra provincia. Presumo que los uniformados, indignados por la demostración de desprecio por sus vidas que ha evidenciado la máxima autoridad, y hartos de manoseos, en estas horas estarán considerando hasta qué punto es valedero seguir apoyando con el máximo esfuerzo humano, a una gestión de gobierno que se revela ostensiblemente hostil con ellos, a quienes tiene la obligación de proteger.
La voluntad de trabajo, el afán por hacer las cosas bien, el espíritu de colaboración necesaria para que el sistema funcione aún ante las carencias, el entusiasmo por servir, todo entró en un cono de sombras que pronto se reflejará inevitablemente en la inseguridad.
El gobernador tiene el derecho también a incrementar su celo en velar por los derechos humanos de los delincuentes, pero lo que la sociedad -y los policías somos parte de esa sociedad- está reclamando desde hace rato y sin respuesta, es que su gobierno se ocupe con el mismo ahínco en velar por los derechos humanos de los ciudadanos que no asesinan, no violan, no roban y se desloman todos los días para pagar los impuestos que son el sostén de su gobernabilidad.
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