Un polémico proyecto de ley busca controlar los comentarios en internet
Argentina, 02 de Agosto de 2015
Notas Varias
losandes.com
Busca incluir como actos discriminatorios a lo que la gente dice en Internet. Polémica por la libertad de expresión y la responsabilidad que le cabe a los medios.
La propuesta fue aprobada por unanimidad la semana pasada en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional y ni bien se dio a conocer, no tardó en generar puntos de vista encontrados.
Es que ahora, lo que se busca es derogar y reemplazar a la ley nacional N° 23.592 (vigente desde 1988) que controla y sanciona los actos que incitan a la discriminación, con una normativa más actualizada.
La principal diferencia entre el proyecto que ha sido motivo de polémica y la actual ley, es que en el primero se incluyen en la lista de actitudes perniciosas, por ejemplo, a los comentarios que los usuarios puedan realizar en cualquier plataforma de internet.
Asimismo, insta a los medios de prensa, agencias de noticias, diarios on line y revistas electrónicas a que controlen los comentarios considerados discriminatorios y que publiquen advertencias sobre la existencia de la regulación. También pide incluir la publicación de un 0800 para que las personas que se sientan afectadas y/o perjudicadas con un determinado comentario tengan la posibilidad de denunciar el agravio.
En el capítulo cuarto, el proyecto que ahora pasará a la comisión de Legislación Penal para ser evaluado, se estipula que se eleven las penas para aquellas personas que han cometido un delito justificando su accionar bajo cualquier aspecto ligado a la discriminación en todas sus formas.
Se incluyen en este grupo “la falsa noción de raza o etnia, nacionalidad, lengua, idioma o variedad lingüística, religión o creencia, ideología, opinión política o gremial”, según dice textual el artículo N° 22 del proyecto y detalla otras formas de discriminación por sexo, orientación sexual, género, identidad de género y/o su expresión, edad, color de piel, estado civil, situación familiar, filiación, embarazo, discapacidad, responsabilidad familiar, antecedentes o situación penales, trabajo u ocupación, lugar de residencia, caracteres físicos, entre otros.
En ese sentido, el actual proyecto amplía las formas de discriminación que ocurren en el ámbito de la vida social que no están contempladas. En ese sentido, la diputada nacional (FPV) Diana Conti -una de las impulsoras del proyecto- destacó a Los Andes que ésta era una deuda pendiente con diversos sectores sociales que no se sentían incluidos en la legislación tendiente a erradicar la discriminación en el país.
La legisladora sostuvo que lejos de pretender atentar contra la libertad de expresión, la actual propuesta de ley busca extender la necesidad de generar conciencia en todos los planos de la vida social, incluyendo internet.
“De hecho, desde 1988 es un delito discriminar expresando odio hacia los semejantes fundándose en aspectos como la raza, el género o la ideología. Esto es algo que no se puede hacer desde hace décadas. Lo que se busca ahora es amparar a todos los grupos sociales”, expresó Conti.
La norma que se quiere implementar establece, al igual que la ley de 1988, la pena de prisión de una mes a tres años para quien por cualquier medio aliente o incite a la persecución, el odio, la violencia o la discriminación contra una persona o grupo de personas.
Así, el artículo N° 23 también establece la cárcel para aquellos que formen parte de una organización “o realicen propaganda, basados en ideas o teorías de superioridad o inferioridad de un grupo de personas, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación”. Se suman en la lista de infractores a la ley quienes en forma pública u oculta, financien o apoyen organizaciones o actividades que fomenten la discriminación.
El proyecto, además, establece que las personas o grupos de personas afectadas por un acto discriminatorio podrán denunciar ante una autoridad administrativa, policial o judicial. Por otro lado, se estipula la gratuidad de los procesos, en tanto que los demandados podrán ser desde el propio Estado hasta personas particulares.
Para Valeria Martínez, delegada en Mendoza del Instituto contra la Discriminación (Inadi), la ley necesitaba ser actualizada. “Como sociedad es positivo que se internalicen cambios que han ido surgiendo”, dijo y opinó que en el ámbito de internet se hace muy difícil intervenir debido a que existen muy pocas regulaciones al respecto.
Por su parte, Vanina Berghella, directora ejecutiva del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), puntualizó que desde la entidad aún no han pronunciado una postura oficial. Sin embargo, desde su punto de vista consideró que el proyecto dejaría a los medios de comunicación en un rol de contralor respecto de lo que es o no discriminación. “Estarían tomando una decisión que no les corresponde”, evaluó.
Enlace:
http://www.losandes.com.ar/noticia/-no-a-la-discriminacion-en-internet
Defendió el kirchnerismo el control de los comentarios
en Internet
Diario La Nacion
El kirchnerismo defendió fuertemente su iniciativa para controlar los comentarios en medios digitales y plataformas de Internet incluida en el proyecto de ley antidiscriminación, que ya tiene dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. "Una campaña mediática malintencionada se ha desatado diciendo que queremos penalizar los comentarios de Internet. Es decir, que el Frente para la Victoria quiere censurar", acusó en un comunicado la diputada Diana Conti, una de las legisladoras que acompañaron el proyecto de sus pares Remo Carloto y Andrés Larroque.
La iniciativa amplía enormemente el concepto de acto discriminatorio; obliga a las plataformas de Internet a dar de baja los comentarios que sus administradores consideren discriminatorios o ante el reclamo de cualquiera que se sienta afectado; invierte la carga de la prueba, u obliga a los sitios a publicar una advertencia sobre los riesgos de expresarse en términos discriminatorios. El texto de esa advertencia, que deberán incluir también Facebook, Twitter, YouTube y demás sitios que permitan comentarios, está redactado en el texto del proyecto.
La diputada Conti sostuvo que el proyecto fue aprobado por unanimidad en la comisión en la que se trató la semana pasada (en rigor, los diputados opositores Manuel Garrido y Myriam Bregman expresaron su disidencia) y acusó a LA NACION de desconocer que la ley antidiscriminación de 1988 ya había tipificado el delito de discriminación y le había fijado penas de entre un mes y tres años de prisión. En efecto, la novedad es la ampliación del alcance de esas penas al ámbito de los comentarios en páginas web, blogs, redes sociales, agencias de noticias, medios de prensa, diarios online, revistas electrónicas y demás medios digitales.
Conti, que fue estos días la cara visible de la cerrada defensa de la iniciativa, justificó su contenido en diálogo con la periodista María O'Donnell en Radio Continental: "Si el dueño de la página web considera que un comentario es discriminatorio, lo tiene que sacar. Si no lo hace... la ley va a tener una autoridad de aplicación que será definida en la reglamentación que hará el Poder Ejecutivo", explicó. En el texto de la ley no está definido cómo será esa autoridad.
Y, precisamente, allí está uno de los ejes de los cuestionamientos que recibe el proyecto, principalmente de especialistas en libertad de expresión y entidades que siguen de cerca la regulación de Internet. "A diferencia de lo que ocurre con los medios tradicionales, donde se estableció que no puede haber censura previa sino responsabilidad ulterior establecida por una autoridad judicial, acá se genera un canal para que los que provean espacios en Internet se autocensuren con el solo reclamo de los particulares, o sea, se abre el espacio a la censura privada", explicó el diputado Garrido.
Para Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, entidad nacida para impulsar el uso de software libre en Internet, "hay una definición extremadamente amplia de contenidos discriminatorios, hay tipos penales y además hay una reversión de la carga de la prueba, que hace que el que publica el contenido sea el que deba probar que no quiso discriminar. Es un cóctel explosivo".
Según explicó la diputada Conti, el proyecto ya fue girado a la Comisión de Legislación Penal, "donde [su presidente, Patricia] Bullrich se comprometió a darle tratamiento a favor, y en la Comisión de Comunicación va a ocurrir lo mismo porque [la iniciativa] representa a la mayoría parlamentaria". No obstante, sostuvo que tal vez no llegue a ser debatido antes de fin de año.
Enlace:
http://www.lanacion.com.ar/1812467-defendio-el-kirchnerismo-el-control-de-los-comentarios-en-internet
Notas Varias
losandes.com
Busca incluir como actos discriminatorios a lo que la gente dice en Internet. Polémica por la libertad de expresión y la responsabilidad que le cabe a los medios.
La propuesta fue aprobada por unanimidad la semana pasada en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional y ni bien se dio a conocer, no tardó en generar puntos de vista encontrados.
Es que ahora, lo que se busca es derogar y reemplazar a la ley nacional N° 23.592 (vigente desde 1988) que controla y sanciona los actos que incitan a la discriminación, con una normativa más actualizada.
La principal diferencia entre el proyecto que ha sido motivo de polémica y la actual ley, es que en el primero se incluyen en la lista de actitudes perniciosas, por ejemplo, a los comentarios que los usuarios puedan realizar en cualquier plataforma de internet.
Asimismo, insta a los medios de prensa, agencias de noticias, diarios on line y revistas electrónicas a que controlen los comentarios considerados discriminatorios y que publiquen advertencias sobre la existencia de la regulación. También pide incluir la publicación de un 0800 para que las personas que se sientan afectadas y/o perjudicadas con un determinado comentario tengan la posibilidad de denunciar el agravio.
En el capítulo cuarto, el proyecto que ahora pasará a la comisión de Legislación Penal para ser evaluado, se estipula que se eleven las penas para aquellas personas que han cometido un delito justificando su accionar bajo cualquier aspecto ligado a la discriminación en todas sus formas.
Se incluyen en este grupo “la falsa noción de raza o etnia, nacionalidad, lengua, idioma o variedad lingüística, religión o creencia, ideología, opinión política o gremial”, según dice textual el artículo N° 22 del proyecto y detalla otras formas de discriminación por sexo, orientación sexual, género, identidad de género y/o su expresión, edad, color de piel, estado civil, situación familiar, filiación, embarazo, discapacidad, responsabilidad familiar, antecedentes o situación penales, trabajo u ocupación, lugar de residencia, caracteres físicos, entre otros.
En ese sentido, el actual proyecto amplía las formas de discriminación que ocurren en el ámbito de la vida social que no están contempladas. En ese sentido, la diputada nacional (FPV) Diana Conti -una de las impulsoras del proyecto- destacó a Los Andes que ésta era una deuda pendiente con diversos sectores sociales que no se sentían incluidos en la legislación tendiente a erradicar la discriminación en el país.
La legisladora sostuvo que lejos de pretender atentar contra la libertad de expresión, la actual propuesta de ley busca extender la necesidad de generar conciencia en todos los planos de la vida social, incluyendo internet.
“De hecho, desde 1988 es un delito discriminar expresando odio hacia los semejantes fundándose en aspectos como la raza, el género o la ideología. Esto es algo que no se puede hacer desde hace décadas. Lo que se busca ahora es amparar a todos los grupos sociales”, expresó Conti.
La norma que se quiere implementar establece, al igual que la ley de 1988, la pena de prisión de una mes a tres años para quien por cualquier medio aliente o incite a la persecución, el odio, la violencia o la discriminación contra una persona o grupo de personas.
Así, el artículo N° 23 también establece la cárcel para aquellos que formen parte de una organización “o realicen propaganda, basados en ideas o teorías de superioridad o inferioridad de un grupo de personas, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación”. Se suman en la lista de infractores a la ley quienes en forma pública u oculta, financien o apoyen organizaciones o actividades que fomenten la discriminación.
El proyecto, además, establece que las personas o grupos de personas afectadas por un acto discriminatorio podrán denunciar ante una autoridad administrativa, policial o judicial. Por otro lado, se estipula la gratuidad de los procesos, en tanto que los demandados podrán ser desde el propio Estado hasta personas particulares.
Para Valeria Martínez, delegada en Mendoza del Instituto contra la Discriminación (Inadi), la ley necesitaba ser actualizada. “Como sociedad es positivo que se internalicen cambios que han ido surgiendo”, dijo y opinó que en el ámbito de internet se hace muy difícil intervenir debido a que existen muy pocas regulaciones al respecto.
Por su parte, Vanina Berghella, directora ejecutiva del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), puntualizó que desde la entidad aún no han pronunciado una postura oficial. Sin embargo, desde su punto de vista consideró que el proyecto dejaría a los medios de comunicación en un rol de contralor respecto de lo que es o no discriminación. “Estarían tomando una decisión que no les corresponde”, evaluó.
Enlace:
http://www.losandes.com.ar/noticia/-no-a-la-discriminacion-en-internet
Defendió el kirchnerismo el control de los comentarios
en Internet
Diario La Nacion
El kirchnerismo defendió fuertemente su iniciativa para controlar los comentarios en medios digitales y plataformas de Internet incluida en el proyecto de ley antidiscriminación, que ya tiene dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. "Una campaña mediática malintencionada se ha desatado diciendo que queremos penalizar los comentarios de Internet. Es decir, que el Frente para la Victoria quiere censurar", acusó en un comunicado la diputada Diana Conti, una de las legisladoras que acompañaron el proyecto de sus pares Remo Carloto y Andrés Larroque.
La iniciativa amplía enormemente el concepto de acto discriminatorio; obliga a las plataformas de Internet a dar de baja los comentarios que sus administradores consideren discriminatorios o ante el reclamo de cualquiera que se sienta afectado; invierte la carga de la prueba, u obliga a los sitios a publicar una advertencia sobre los riesgos de expresarse en términos discriminatorios. El texto de esa advertencia, que deberán incluir también Facebook, Twitter, YouTube y demás sitios que permitan comentarios, está redactado en el texto del proyecto.
La diputada Conti sostuvo que el proyecto fue aprobado por unanimidad en la comisión en la que se trató la semana pasada (en rigor, los diputados opositores Manuel Garrido y Myriam Bregman expresaron su disidencia) y acusó a LA NACION de desconocer que la ley antidiscriminación de 1988 ya había tipificado el delito de discriminación y le había fijado penas de entre un mes y tres años de prisión. En efecto, la novedad es la ampliación del alcance de esas penas al ámbito de los comentarios en páginas web, blogs, redes sociales, agencias de noticias, medios de prensa, diarios online, revistas electrónicas y demás medios digitales.
Conti, que fue estos días la cara visible de la cerrada defensa de la iniciativa, justificó su contenido en diálogo con la periodista María O'Donnell en Radio Continental: "Si el dueño de la página web considera que un comentario es discriminatorio, lo tiene que sacar. Si no lo hace... la ley va a tener una autoridad de aplicación que será definida en la reglamentación que hará el Poder Ejecutivo", explicó. En el texto de la ley no está definido cómo será esa autoridad.
Y, precisamente, allí está uno de los ejes de los cuestionamientos que recibe el proyecto, principalmente de especialistas en libertad de expresión y entidades que siguen de cerca la regulación de Internet. "A diferencia de lo que ocurre con los medios tradicionales, donde se estableció que no puede haber censura previa sino responsabilidad ulterior establecida por una autoridad judicial, acá se genera un canal para que los que provean espacios en Internet se autocensuren con el solo reclamo de los particulares, o sea, se abre el espacio a la censura privada", explicó el diputado Garrido.
Para Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, entidad nacida para impulsar el uso de software libre en Internet, "hay una definición extremadamente amplia de contenidos discriminatorios, hay tipos penales y además hay una reversión de la carga de la prueba, que hace que el que publica el contenido sea el que deba probar que no quiso discriminar. Es un cóctel explosivo".
Según explicó la diputada Conti, el proyecto ya fue girado a la Comisión de Legislación Penal, "donde [su presidente, Patricia] Bullrich se comprometió a darle tratamiento a favor, y en la Comisión de Comunicación va a ocurrir lo mismo porque [la iniciativa] representa a la mayoría parlamentaria". No obstante, sostuvo que tal vez no llegue a ser debatido antes de fin de año.
Enlace:
http://www.lanacion.com.ar/1812467-defendio-el-kirchnerismo-el-control-de-los-comentarios-en-internet
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