Las cárceles locales no tienen lugar para alojar más presos
Mendoza, 05 de Mayo de 2014
Nota: diariouno.com
La población creció 36% en dos años, con 1.000 nuevos internos, cifra similar a la capacidad del penal Almafuerte. La mayor cantidad de condenas y el endurecimiento de la ley llenaron los presidios pero no bajaron el delito.
El delito golpea con un asesinato más y la ecuación en la sociedad acude a la lógica simple: penas más duras y más años en la cárcel. La queja también es la misma: que casi todos entran por una puerta y salen por la otra.
Sin embargo, cada vez salen menos y cada vez más delincuentes cumplen sus condenas por la efectividad de los juicios exprés y por el endurecimiento de las excarcelaciones. Todo esto se refleja en un dato nuevo que tiene muy preocupado al Gobierno: se quedó sin espacio en los penales locales, que están llenos.
A pesar de ello el delito no baja como se creyó que iba a ocurrir.
El 60% de los presos con causas en la Justicia provincial ya fueron condenados, lo que muestra un rápido índice de resolución. Sólo para comparar, el 70% de los detenidos de la Justicia federal aún esperan sentencia.
Por su parte, la Justicia de flagrancia o exprés, que juzga a los que detienen con las manos en la masa, ha hecho una tarea efectiva: la mitad de los condenados son obra de sus juicios rápidos, en su mayoría contra el delito dedicado al hurto, arrebato y otros hechos menores.
El problema de la solución
Así, lo que parecía que iba a ser una solución se transformó en un severo problema.
En dos años y medio la población carcelaria de condenados y procesados se disparó 36%.
Para decirlo fácil: en menos de 30 meses ingresaron 1.000 nuevos detenidos, lo que es la capacidad completa del penal de Almafuerte.
En consecuencia, las cinco cárceles provinciales ya no tienen espacio, tienen todas sus camas ocupadas y unos cientos más a los que hay que hacerles lugar donde no hay.
Mientras, la cárcel federal regional en Campo Cacheuta, pensada para todo Cuyo (levantada al lado de Almafuerte), que será el sexto presidio y está en construcción, tendrá ocupada la totalidad de sus 400 plazas con los presos federales locales apenas se corte la cinta este año.
“Una situación grave”
El juez de ejecución penal Sebastián Sarmiento, ex director del sistema carcelario mendocino y quien actualmente se encarga de la tramitación judicial de las penas de los condenados, lo reflejó con cifras: “Hoy tenemos en todo el sistema 3.700 internos sobre una capacidad de unas 3.300 camas”.
“Es decir -sentenció– estamos colapsados. Cuando se habiliten las 400 camas del penal federal vamos a quedar al ciento por ciento”.
Sarmiento precisó a Diario UNO que de 2012 a la fecha la población creció en 1.000 internos, lo que calificó de “un disparate, un crecimiento alarmante”.
Es ahí donde el magistrado, conocedor a fondo de la problemática, apunta a una solución polémica y al parecer inexorable: “No podemos estar construyendo cárceles indefinidamente. Hay que avanzar en sistemas alternativos de detención, muchos de los cuales están previstos y no se aplican”.
En este sentido coinciden también el actual director del sistema carcelario, Eduardo Orellana, y quien lo secunda, Milagros Noli.
Orellana aportó una estadística que demuestra que el delito no afloja: “De cada 10 personas que llegan a la cárcel, 6 son ingresantes primarios, dos son reincidentes y otros dos reiterantes, es decir son los que pasan por el penal con pocas pruebas y son liberados tras ser sobreseídos o absueltos”.
“El primer dato es inquietante: el 60% llega a la cárcel por primera vez”, precisó Orellana.
También dio otro dato revelador: “La droga está haciendo estragos. Cada vez ingresan más parejas por causas de estupefacientes y en los procedimientos de búsqueda suelen arrastrar a familias enteras que vienen a parar acá”.
Milagros Noli, por su parte, que tiene a cargo la vicedirección del sistema penitenciario, destacó que “el crecimiento de la población penal es sostenido y no para de crecer, siendo de entre el 10% y 12% anual. Los penales están colmados y la rotación es permanente y alarmante”.
Construir una nueva cárcel sería como querer llenar un saco sin fondo. Orellana lo explica con sencillez: “Un penal para unos 900 reclusos como el de Almafuerte demora unos 1.000 días en construirse. En ese tiempo la población penal crece en un millar. Es decir, cuando el penal está listo ya está lleno”.
La polémica decisión de aplicar un cupo carcelario
Aunque parezca descabellado en el mundo de las administraciones carcelarias, el cupo es un tema serio. Básicamente impone que la idea de que población penal será igual a la cantidad de camas para el cual un penal fue pensado y puede proporcionar. Dicho esto, una vez llena la unidad no debe superpoblarse.
Pero en Mendoza y la Argentina es un tema sin solución.
Otras provincias se envalentonaron en su momento y aplicaron el cupo carcelario con nefastos resultados. En vez de buscar alternativas o levantar una nueva cárcel, llenaron los calabozos de las comisarías de procesados y condenados con pésimos resultados.
Proponen otro lugar para delitos menores
Una mujer entra al supermercado Chango Más de Maipú. A los pocos minutos comienza a esconder mercadería bajo sus ropas. Los guardias lo advierten por las cámaras de seguridad y van a su encuentro. La joven también se da cuenta y devuelve rápido los productos a la góndola pero ya no puede evitar quedar demorada y ser trasladada por la policía.
En la fiscalía lo calificaron de delito flagrante, porque la mujer fue atrapada en plena consumación del hecho, y la enviaron a la Justicia de flagrancia.
Allí la acusaron de tentativa de hurto, un delito menor que permite la libertad.
Pero la mujer ya tenía una condena anterior por hechos similares, por lo cual no pudo acceder nuevamente a la libertad.
Conclusión: fue condenada a dos meses de prisión y enviada a la cárcel a cumplir la pena.
Estos casos se dan a diario en los juzgados de flagrancia. Cuando la Suprema Corte los puso en funcionamiento pensó que así sacaría el delito chico de las calles. Pero a pesar de las condenas, ni la inseguridad ni los ataques descendieron.
Como esta mujer hay cientos de casos en la cárcel. Los números demuestran el gran impacto de la Justicia de flagrancia.
“El 55% de los condenados que hoy están presos son de los tribunales de flagrancia y tienen un promedio de condenas de 2 y 3 años”, asegura el juez Sebastián Sarmiento.
La estrategia de montar la Justicia exprés dejó el siguiente resultado: superpoblación carcelaria sin que baje el delito como se había pensado.
El director del sistema penal, Eduardo Orellana, afirma que “a Flagrancia le falta un sistema correccional con un establecimiento propio para los presos por delitos menores, donde se pueda aplicar otra metodología para la reinserción social, que exige más tiempo de dedicación que el monto de la condena”.
Estado de la situación carcelaria
3.739 es la población penal actual
Sistemas alternativos
Realizar un nuevo penal costaría $1.300 millones y demandaría $400 millones al año para su mantenimiento.
O bien se podría considerar la prisión domiciliaria, la prisión carcelaria diurna o nocturna, la prisión semanal o la prisión de fin de semana..
Enlace:
http://www.diariouno.com.ar/mendoza/Las-carceles-locales-no-tienen-lugar-para-alojar-mas-presos-20140504-0008.html
Nota: diariouno.com
La población creció 36% en dos años, con 1.000 nuevos internos, cifra similar a la capacidad del penal Almafuerte. La mayor cantidad de condenas y el endurecimiento de la ley llenaron los presidios pero no bajaron el delito.
El delito golpea con un asesinato más y la ecuación en la sociedad acude a la lógica simple: penas más duras y más años en la cárcel. La queja también es la misma: que casi todos entran por una puerta y salen por la otra.
Sin embargo, cada vez salen menos y cada vez más delincuentes cumplen sus condenas por la efectividad de los juicios exprés y por el endurecimiento de las excarcelaciones. Todo esto se refleja en un dato nuevo que tiene muy preocupado al Gobierno: se quedó sin espacio en los penales locales, que están llenos.
A pesar de ello el delito no baja como se creyó que iba a ocurrir.
El 60% de los presos con causas en la Justicia provincial ya fueron condenados, lo que muestra un rápido índice de resolución. Sólo para comparar, el 70% de los detenidos de la Justicia federal aún esperan sentencia.
Por su parte, la Justicia de flagrancia o exprés, que juzga a los que detienen con las manos en la masa, ha hecho una tarea efectiva: la mitad de los condenados son obra de sus juicios rápidos, en su mayoría contra el delito dedicado al hurto, arrebato y otros hechos menores.
El problema de la solución
Así, lo que parecía que iba a ser una solución se transformó en un severo problema.
En dos años y medio la población carcelaria de condenados y procesados se disparó 36%.
Para decirlo fácil: en menos de 30 meses ingresaron 1.000 nuevos detenidos, lo que es la capacidad completa del penal de Almafuerte.
En consecuencia, las cinco cárceles provinciales ya no tienen espacio, tienen todas sus camas ocupadas y unos cientos más a los que hay que hacerles lugar donde no hay.
Mientras, la cárcel federal regional en Campo Cacheuta, pensada para todo Cuyo (levantada al lado de Almafuerte), que será el sexto presidio y está en construcción, tendrá ocupada la totalidad de sus 400 plazas con los presos federales locales apenas se corte la cinta este año.
“Una situación grave”
El juez de ejecución penal Sebastián Sarmiento, ex director del sistema carcelario mendocino y quien actualmente se encarga de la tramitación judicial de las penas de los condenados, lo reflejó con cifras: “Hoy tenemos en todo el sistema 3.700 internos sobre una capacidad de unas 3.300 camas”.
“Es decir -sentenció– estamos colapsados. Cuando se habiliten las 400 camas del penal federal vamos a quedar al ciento por ciento”.
Sarmiento precisó a Diario UNO que de 2012 a la fecha la población creció en 1.000 internos, lo que calificó de “un disparate, un crecimiento alarmante”.
Es ahí donde el magistrado, conocedor a fondo de la problemática, apunta a una solución polémica y al parecer inexorable: “No podemos estar construyendo cárceles indefinidamente. Hay que avanzar en sistemas alternativos de detención, muchos de los cuales están previstos y no se aplican”.
En este sentido coinciden también el actual director del sistema carcelario, Eduardo Orellana, y quien lo secunda, Milagros Noli.
Orellana aportó una estadística que demuestra que el delito no afloja: “De cada 10 personas que llegan a la cárcel, 6 son ingresantes primarios, dos son reincidentes y otros dos reiterantes, es decir son los que pasan por el penal con pocas pruebas y son liberados tras ser sobreseídos o absueltos”.
“El primer dato es inquietante: el 60% llega a la cárcel por primera vez”, precisó Orellana.
También dio otro dato revelador: “La droga está haciendo estragos. Cada vez ingresan más parejas por causas de estupefacientes y en los procedimientos de búsqueda suelen arrastrar a familias enteras que vienen a parar acá”.
Milagros Noli, por su parte, que tiene a cargo la vicedirección del sistema penitenciario, destacó que “el crecimiento de la población penal es sostenido y no para de crecer, siendo de entre el 10% y 12% anual. Los penales están colmados y la rotación es permanente y alarmante”.
Construir una nueva cárcel sería como querer llenar un saco sin fondo. Orellana lo explica con sencillez: “Un penal para unos 900 reclusos como el de Almafuerte demora unos 1.000 días en construirse. En ese tiempo la población penal crece en un millar. Es decir, cuando el penal está listo ya está lleno”.
La polémica decisión de aplicar un cupo carcelario
Aunque parezca descabellado en el mundo de las administraciones carcelarias, el cupo es un tema serio. Básicamente impone que la idea de que población penal será igual a la cantidad de camas para el cual un penal fue pensado y puede proporcionar. Dicho esto, una vez llena la unidad no debe superpoblarse.
Pero en Mendoza y la Argentina es un tema sin solución.
Otras provincias se envalentonaron en su momento y aplicaron el cupo carcelario con nefastos resultados. En vez de buscar alternativas o levantar una nueva cárcel, llenaron los calabozos de las comisarías de procesados y condenados con pésimos resultados.
Proponen otro lugar para delitos menores
Una mujer entra al supermercado Chango Más de Maipú. A los pocos minutos comienza a esconder mercadería bajo sus ropas. Los guardias lo advierten por las cámaras de seguridad y van a su encuentro. La joven también se da cuenta y devuelve rápido los productos a la góndola pero ya no puede evitar quedar demorada y ser trasladada por la policía.
En la fiscalía lo calificaron de delito flagrante, porque la mujer fue atrapada en plena consumación del hecho, y la enviaron a la Justicia de flagrancia.
Allí la acusaron de tentativa de hurto, un delito menor que permite la libertad.
Pero la mujer ya tenía una condena anterior por hechos similares, por lo cual no pudo acceder nuevamente a la libertad.
Conclusión: fue condenada a dos meses de prisión y enviada a la cárcel a cumplir la pena.
Estos casos se dan a diario en los juzgados de flagrancia. Cuando la Suprema Corte los puso en funcionamiento pensó que así sacaría el delito chico de las calles. Pero a pesar de las condenas, ni la inseguridad ni los ataques descendieron.
Como esta mujer hay cientos de casos en la cárcel. Los números demuestran el gran impacto de la Justicia de flagrancia.
“El 55% de los condenados que hoy están presos son de los tribunales de flagrancia y tienen un promedio de condenas de 2 y 3 años”, asegura el juez Sebastián Sarmiento.
La estrategia de montar la Justicia exprés dejó el siguiente resultado: superpoblación carcelaria sin que baje el delito como se había pensado.
El director del sistema penal, Eduardo Orellana, afirma que “a Flagrancia le falta un sistema correccional con un establecimiento propio para los presos por delitos menores, donde se pueda aplicar otra metodología para la reinserción social, que exige más tiempo de dedicación que el monto de la condena”.
Estado de la situación carcelaria
3.739 es la población penal actual
- Almafuerte 1.100
- San Felipe 1.050
- Boulogne Sur Mer 990
- San Rafael 380
- El Borbollón 110
- Otras dependencias 109
Sistemas alternativos
Realizar un nuevo penal costaría $1.300 millones y demandaría $400 millones al año para su mantenimiento.
O bien se podría considerar la prisión domiciliaria, la prisión carcelaria diurna o nocturna, la prisión semanal o la prisión de fin de semana..
Enlace:
http://www.diariouno.com.ar/mendoza/Las-carceles-locales-no-tienen-lugar-para-alojar-mas-presos-20140504-0008.html
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