El Gobierno quiere descomprimir las cárceles liberando presos con pulseras magnéticas

Argentina, 11 de Mayo de 2014
Nota: sitioandino.com

El Ejecutivo trabaja en el llamado a licitación en 60 días para adquirir estos elementos y otorgarle el beneficio a delincuentes que la ley contemple. La intención es bajar la sobrepoblación carcelaria en aumento. En 2010 se aprobó la ley, en 2011 se llamó a licitación y en 2012 Francisco Pérez la bajó. Cómo funcionará.
 
 
Que las cárceles están sobrepobladas no es un tema nuevo en Mendoza, incluso el Gobierno estudia la alternativa de que privados construyan una nueva unidad penitenciaria para liberar espacios. Pero a criterio del propio Ejecutivo, la situación merece una alternativa urgente, en parte para evitar nuevas sanciones internacionales. Por eso, en breve se anvanzará en el llamado a licitación para la compra de pulseras georeferenciales para arrestos domiciliarios y así descomprimir los penales.

La idea no es nueva, incluso en 2011 se llamó a licitación para adquirir 100 unidades, pero cuando Francisco Pérez asumió la gobernación, dio por caído el proceso iniciado durante la gestión de Celso Jaque. 

Ahora, con una crisis en seguridad, críticas al Poder Judicial y con proyectos de ley que implicarían nuevos presos (como que no se excarcele a quienes porten armas ilegales, la implementación del Código Procesal Pena, entre otros), el Gobierno evalúa avanzar en la compra de dispositivos por lo que preparan los pliegos para llamar a licitación, que se concretaría en unos 60 días.

La intención es liberar a presos condenados por delitos leves y otorgarles el arresto domiciliario con el uso de estas pulseras, según explicó a SITIO ANDINO Eduardo Orellana, director del Servicio Penitenciario.

El funcionario, quien detalló el estado de superpoblación en las cárceles, admitió que esta medida serviría para descomprimir el colapso en las penitenciarías. 

Eduardo Orellana.
Se estima que la compra será similar a la proyectada en 2011, cuando el entonces gobernador Jaque quiso comprar 100 pulseras.
 
La idea surgió en 2010, cuando el Gobierno envió a la Legislatura un proyecto de ley -que se sancionó en octubre de ese año- para crear el Programa Tecnológico de Control y Seguimiento de medidas judiciales, el que dependerá operativamente de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos.

Así se estableció que el programa brinde los mecanismos tecnológicos necesarios y suficientes para el monitoreo y seguimiento de individuos beneficiados con la libertad condicional y otras que se determinen mediante decisión judicial fundada y firme. "La peligrosidad de la persona la determina el juez", destacó Orellana dando a entender que serán los magistrados los encargados de determinar quiénes estarán bajo esta modalidad.

"Se consideran incluidos dentro del programa a todos aquellos sistemas eléctricos, electrónicos o computarizados para el control de posicionamiento geo-referencial, bajo cualquier modalidad y tecnología de transmisión de señales, datos, sonidos o imágenes, de personas y objetos vinculados a procesos judiciales de naturaleza penal, civil o de familia, en trámite o con condena pendiente de cumplimiento definitivo", determina la ley.

Si bien hoy el promedio de presos ronda los 3.500, superando las plazas que tiene la Provincia, los pronósticos basados en las estadísticas no son buenos. Según señaló Orellana desde hace 6 años se viene registrando un incremento de la población carcelaria en un 10 por ciento anual.

Con lo que se prevé que la situación se irá agravando. Otra de las medidas en las que pretende avanzar el Ejecutivo es que empresas privadas construyan una cárcel para albergar a mil presos, que también ayudaría a descomprimir, aunque está previsto que se concrete en unos tres años.

Además, el director del servicio penitenciario dio otro dato preocupante: "Aumentó mucho la cantidad de personas que ingresa por primera vez", con lo que advirtió que nuevas personas se van sumando al delito como modalidad de vida.

Por otra parte, destacó la irrupción en la delincuencia a edades más tempranas: "Mientras que hace 20 años el promedio en la edad de los presos era cercano a los 40 años, hoy está entre los 24 y 35".
Esta modalidad ya rige en varios países de la región y el mundo, y en Buenos Aires.
Sobre las pulseras:
Esta tecnología se utiliza para controlar el arresto domiciliario en casos de mujeres embarazadas o con hijos menores de 5 años, personas mayores de 70 años, enfermos terminales, detenidos con discapacidades y en aquellos casos de detenidos en los que los jueces consideran que no existe peligro de fuga y que cometieron delitos menores.
 
Se trata de un mecanismo de control que se coloca en la muñeca o en el tobillo y le permite a aquellos presos que, por sus condiciones laborales o familiares, lo soliciten pueden cumplir su "arresto" en sus domicilios.

Este sistema no ofrece posibilidades de incumplimiento de condena ni exime de la obligación de presencia física en un centro penitenciario, en este caso el domicilio, durante las horas acordadas en su programa de intervención. Y es que el objetivo de la pulsera es actuar como una especia de "localizador" que indica que se está cumpliendo con esta "pena".




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