Cómo es la violencia de género en Mendoza
Argentina, 18 de Ocutbre de 2013
Diario mediamza.com
Mendoza no esa ajena a la violencia de género institucional, en lugares de trabajo. Aquí, algunos casos en ámbitos laborales del Estado.
Diario mediamza.com
Mendoza no esa ajena a la violencia de género institucional, en lugares de trabajo. Aquí, algunos casos en ámbitos laborales del Estado.
Desde el caso de Paola Legay
(oficial bombero de la Policía de Mendoza) se abrió en la provincia un
camino judicial para proteger a las víctimas por violencia de género.
La poco famosa y tan mencionada Ley 26.485, conocida vulgarmente como ley contra la violencia de género, rige desde el año 2009, y hoy están empezando a salir los primeros fallos judiciales en la materia.
La mencionada norma nos habla de la violencia institucional y también la laboral, y después de ese primer caso, conocido el derecho por parte de las víctimas, hoy se están judicializando este tipo de situaciones.
Policía machista
No nos debe llamar la atención que uno de los empleos donde la impronta de violencia se aprecia es en las fuerzas de seguridad, tanto dependientes del Ministerio de Seguridad como el de Gobierno.
El Ministerio de Seguridad tiene su punto más débil en la Dirección de Sanidad Policial, Aunque parezca mentira, en ese lugar se encuentran las mayores violaciones a la ley. Sin tratar como pacientes a los agentes policiales, esa dirección diagnostica, licencia, da la baja sin respetar los diagnósticos de los profesionales particulares de cada agente.
Sorprende que desde ese mismo lugar se le indique que concurran a tratamiento y después no acepten el diagnóstico de ese profesional.
Pareciera que los profesionales de Sanidad Policial tienen mayor capacidad que los demás psicólogos y psiquiatras de Mendoza. Sin duda, debe ser así porque diagnostican sin tratar, lo cual es sorprendente.
Este poder dado a estos profesionales sirve para decidir sobre la vida de los agentes policiales. Así fue como la Justicia hizo lugar al reclamo en el “CASO LEGAY”, y es desde donde está haciendo lugar a otros casos.
Hace pocos días se le ordenó al Ministerio de Seguridad que diera el alta a una oficial de la policía, que desde hace más de un año la tenía con un bono de sueldo de 0$. Sí, no cobraba nada, pero seguía en relación de dependencia, con un grado de principal.
Ministerio sexista
Esto es de no creer, hay situaciones más graves, como la discriminación por orientación sexual, exposición de riesgo para la salud de la víctima y discriminación con compañeros de trabajo por género, dando promociones y ascensos a unos y postergando a quien tiene otra orientación sexual o género.
Esto sucede en la órbita del Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno. Lo llamativo es que habiendo comunicado esta situación, la urgencia de proteger a la víctima, la disposición de víctima de evitar una medida cautelar y habiendo solicitado una audiencia de conciliación en el Tribunal, el Ministerio, aprovechando un error en la notificación de esa audiencia, postergó la misma para la siguiente semana, lo que en la jerga judicial solemos decir “chicana”.
Parece mentira que primero este “chicanear, dilatar un proceso” que hacer cesar la violencia.
Esto demuestra el desconocimiento que existe sobre la ley, la falta de entrenamiento y políticas activas sobre violencia de género. Hasta en la Justicia está faltando este conocimiento e información.
Hasta el momento he visto una buena recepción por parte de la Justicia provincial, llamativamente han sido por parte de jueces mujeres, no así en un caso donde fue un varón.
Valores para no exportar
En este caso cuya causa se encuentra en apelación, se refiere a una causa contra una institución mixta (privada y pública). Al juez se le hizo saber que la violencia de género se plasmó de diversas maneras. ACOSO SEXUAL por parte de un alto funcionario del gobierno provincial. Discriminación por ser mujer, adjetivaciones respecto a su condición de viuda, mujer, entre otras consideraciones.
Trato desventajoso en lo económico respecto a otros compañeros de trabajo. Lo que es más grave, en la demanda se denunció que a la víctima se le suministró un ansiolítico en su lugar de trabajo y por parte del gerente de esa institución con el fin de que aceptara ser despedida y notificada por acta notarial.
SUMINISTRO DE ESTUPEFACIENTES sin prescripción médica, que luego un médico psiquiatra le receta un medicamento que contrarresta la sobre dosis recibida.
Sorprendentemente este juez se olvidó de que, como funcionario público, está ante el conocimiento de la comisión de un delito penal y no lo denunció.
A mi entender, esto es mirar para otro lado, es el no involucrarme, más cuando los hechos y el lugar donde se ha producido esta violencia de género es una institución que involucra al gobierno provincial.
Esta causa judicial se llevará adelante hasta que se revelen todos los interrogantes que existen en la causa. El daño psicológico y psiquiátrico a la víctima, el pretender despedirla estando bajo licencia por enfermedad, y que al no tener causa justa para tal despido, lleva a aventurar el porqué de esta acción.
Esos “por qué” ¿pueden corresponder a que la víctima no aceptó las propuestas de un funcionario o porque su cargo era necesario para reacomodar a otra agente de la administración pública?
En este contexto, en el proceso judicial trataremos de develar estas cuestiones y deberemos saber quién es Rivas, quien que está ocupando el lugar físico de trabajo de la víctima.
Sin embargo estamos convencidos que esto no es propio de un gobierno, sino de cambios culturales que debemos hacer desde las entrañas de la sociedad.
Enlace:
http://www.mdzol.com/nota/489165-como-es-la-violencia-de-genero-en-mendoza/
La poco famosa y tan mencionada Ley 26.485, conocida vulgarmente como ley contra la violencia de género, rige desde el año 2009, y hoy están empezando a salir los primeros fallos judiciales en la materia.
La mencionada norma nos habla de la violencia institucional y también la laboral, y después de ese primer caso, conocido el derecho por parte de las víctimas, hoy se están judicializando este tipo de situaciones.
Policía machista
No nos debe llamar la atención que uno de los empleos donde la impronta de violencia se aprecia es en las fuerzas de seguridad, tanto dependientes del Ministerio de Seguridad como el de Gobierno.
El Ministerio de Seguridad tiene su punto más débil en la Dirección de Sanidad Policial, Aunque parezca mentira, en ese lugar se encuentran las mayores violaciones a la ley. Sin tratar como pacientes a los agentes policiales, esa dirección diagnostica, licencia, da la baja sin respetar los diagnósticos de los profesionales particulares de cada agente.
Sorprende que desde ese mismo lugar se le indique que concurran a tratamiento y después no acepten el diagnóstico de ese profesional.
Pareciera que los profesionales de Sanidad Policial tienen mayor capacidad que los demás psicólogos y psiquiatras de Mendoza. Sin duda, debe ser así porque diagnostican sin tratar, lo cual es sorprendente.
Este poder dado a estos profesionales sirve para decidir sobre la vida de los agentes policiales. Así fue como la Justicia hizo lugar al reclamo en el “CASO LEGAY”, y es desde donde está haciendo lugar a otros casos.
Hace pocos días se le ordenó al Ministerio de Seguridad que diera el alta a una oficial de la policía, que desde hace más de un año la tenía con un bono de sueldo de 0$. Sí, no cobraba nada, pero seguía en relación de dependencia, con un grado de principal.
Ministerio sexista
Esto es de no creer, hay situaciones más graves, como la discriminación por orientación sexual, exposición de riesgo para la salud de la víctima y discriminación con compañeros de trabajo por género, dando promociones y ascensos a unos y postergando a quien tiene otra orientación sexual o género.
Esto sucede en la órbita del Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno. Lo llamativo es que habiendo comunicado esta situación, la urgencia de proteger a la víctima, la disposición de víctima de evitar una medida cautelar y habiendo solicitado una audiencia de conciliación en el Tribunal, el Ministerio, aprovechando un error en la notificación de esa audiencia, postergó la misma para la siguiente semana, lo que en la jerga judicial solemos decir “chicana”.
Parece mentira que primero este “chicanear, dilatar un proceso” que hacer cesar la violencia.
Esto demuestra el desconocimiento que existe sobre la ley, la falta de entrenamiento y políticas activas sobre violencia de género. Hasta en la Justicia está faltando este conocimiento e información.
Hasta el momento he visto una buena recepción por parte de la Justicia provincial, llamativamente han sido por parte de jueces mujeres, no así en un caso donde fue un varón.
Valores para no exportar
En este caso cuya causa se encuentra en apelación, se refiere a una causa contra una institución mixta (privada y pública). Al juez se le hizo saber que la violencia de género se plasmó de diversas maneras. ACOSO SEXUAL por parte de un alto funcionario del gobierno provincial. Discriminación por ser mujer, adjetivaciones respecto a su condición de viuda, mujer, entre otras consideraciones.
Trato desventajoso en lo económico respecto a otros compañeros de trabajo. Lo que es más grave, en la demanda se denunció que a la víctima se le suministró un ansiolítico en su lugar de trabajo y por parte del gerente de esa institución con el fin de que aceptara ser despedida y notificada por acta notarial.
SUMINISTRO DE ESTUPEFACIENTES sin prescripción médica, que luego un médico psiquiatra le receta un medicamento que contrarresta la sobre dosis recibida.
Sorprendentemente este juez se olvidó de que, como funcionario público, está ante el conocimiento de la comisión de un delito penal y no lo denunció.
A mi entender, esto es mirar para otro lado, es el no involucrarme, más cuando los hechos y el lugar donde se ha producido esta violencia de género es una institución que involucra al gobierno provincial.
Esta causa judicial se llevará adelante hasta que se revelen todos los interrogantes que existen en la causa. El daño psicológico y psiquiátrico a la víctima, el pretender despedirla estando bajo licencia por enfermedad, y que al no tener causa justa para tal despido, lleva a aventurar el porqué de esta acción.
Esos “por qué” ¿pueden corresponder a que la víctima no aceptó las propuestas de un funcionario o porque su cargo era necesario para reacomodar a otra agente de la administración pública?
En este contexto, en el proceso judicial trataremos de develar estas cuestiones y deberemos saber quién es Rivas, quien que está ocupando el lugar físico de trabajo de la víctima.
Sin embargo estamos convencidos que esto no es propio de un gobierno, sino de cambios culturales que debemos hacer desde las entrañas de la sociedad.
Enlace:
http://www.mdzol.com/nota/489165-como-es-la-violencia-de-genero-en-mendoza/
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