ELLOS RECLAMARON POR UN SALARIO DIGNO Y LOS CONDENAN COMO DELINCUENTES...
Argentina, 09 de Julio de 2015
Nota: VARIAS.
Condenaron a 17 policías que se sublevaron en Concordia y posibilitaron saqueos. El fallo dado a conocer por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia es por sedición agravada en el marco de la grave situación producida en Entre Ríos en diciembre de 2013.
Diecisiete policías que el 8 y 9 de diciembre de 2013 tomaron la jefatura departamental de la localidad entrerriana de Concordia y posibilitaron una ola de saqueos que dejó tres muertos, fueron condenados hoy por el delito de sedición agravada a penas que van desde 4 años y seis meses a 3 años y seis meses de prisión efectiva.
El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, integrado por Jorge Alberto Barbagelata, Silvina Isabel Gallo y Darío Gustavo Perroud dio a conocer la condena impuesta a los policías por sedición agravada, pero desestimó las acusaciones de privación ilegítima de la libertad, daño calificado, peculado de bienes y lesiones leves reiteradas, que también pesaban sobre los uniformados.
El tribunal condenó a prisión efectiva de 4 años y 6 meses al oficial Carlos Zaragoza y a los suboficiales José María Biderbos y Leandro Coutinho, el primero por su alta jerarquía y a los otros dos como cabecillas de las revoltosas jornadas.
También los inhabilitó por 9 años para el ejercicio de cualquier tipo de cargo en la función pública.
Paralelamente, aplicó la pena de 4 años de prisión para los imputados Juan Manuel Rosas, Daniel Chávez, Diego Diferding, Juan Pedro Lacuadra, Alfredo Imaz y Luis Gómez, más el impedimento por 8 años para ejercer cargos en el Estado.
A los policías Luis Carlino, José Troncoso, Hugo Troncoso, Andrés Paredes, Carlos Rosas, Ricardo Paredes, Fabián Valdéz y Luis Paredes, el tribunal les impuso una condena de 3 años y seis meses de reclusión, más una inhabilitación de 7 años para trabajar en la función pública.
Durante el juicio, el fiscal Mario Guerrero sostuvo que los policías acusados “tomaron la Jefatura de Policía (de Concordia) en la noche del 8 de diciembre de 2013, instigando a saqueo en la ciudad” y recordó que el grupo de policías enjuiciados irrumpió en esa dependencia arrojando gas lacrimógeno e ingresando a las oficinas de los jefes y privándolos de su libertad.
Agregó que ello se debe sumar la toma de la sede del Comando Radioeléctrico y la interrupción de las líneas telefónicas.
Guerrero puntualizó que durante la sublevación hubo “una distribución de tareas” y que la toma de la Jefatura “estuvo organizada y planificada”.
También recalcó que “los móviles que llegaban a la Jefatura estaban impedidos de salir”, lo que explica porqué no se actuó cuando se alertó sobre el inicio de los saqueos en la zona noroeste de la ciudad.
También dijo que hubo funcionarios que anticiparon a algunos delincuentes que la ciudad quedaría sin servicio de seguridad y que las acciones de esos días estuvieron encuadradas en “arrancar al gobierno provincial un aumento salarial extorsivo”.
El propio gobernador, Sergio Urribarri, reconoció que tuvo que acordar con los sublevados, durante una reunión que mantuvo en Concordia, un aumento bajo “una situación extorsiva” y para “evitar un baño de sangre”, debido al cariz que tomaron los acontecimientos.
Cuando la situación se tranquilizó, el mandatario dio marcha atrás con el aumento salarial, reconociendo que había sido logrado por los sublevados “de manera extorsiva”.
A su vez, la procuradora adjunta de la provincia, Cecilia Goyeneche, señaló que los policías sublevados “no respetaron la cadena de mandos” y llevaron adelante “un hecho institucionalmente grave”.
En esta misma causa, la justicia entrerriana ya condenó a tres años de prisión de ejecución condicional a una pareja que participó de los saqueos, en el primer fallo que involucró a civiles.
En Concordia, más de 100 personas están imputadas por los saqueos a negocios, algunos porque los mismos autores de los desmanes subieron a la web las imágenes que luego serían utilizadas como pruebas en su contra.
CONCORDIA: La Justicia condenó por sedición a los policías que se sumaron a la huelga en 2013.
En paralelo a la causa judicial donde se ventilan los hechos ocurridos el 8 y 9 de diciembre de 2013, transitan las historias de las familias de los imputados quienes padecen, antes del fallo judicial, los efectos de la condena social. "Hemos pasado días sin comer", confesó Solange Zanandrea, esposa de uno de los acusados, el cabo primero Juan Manuel Rosas.
Zanandrea y Rosas llevan cinco años de pareja. Viven junto al hijo menor de ella, fruto de una relación anterior, en una vivienda ubicada en calle Isthilart, frente al Hospital de Niños “Ramón Carrillo”, en la zona sur de Concordia, lugar donde el suboficial cumple arresto domiciliario, mientras espera el fallo en la causa “Zaragoza y otros s/ sedición agravada y otros”, en la que 18 policías enfrentan acusaciones que podrían acarrearles hasta 18 años de prisión.
La vida de la joven de 27 años dio un vuelco luego de la detención de su pareja. Tiene ataques de pánico y no puede encontrar trabajo, a pesar de tener una carrera universitaria (es traductora de italiano) y otra terciaria (en turismo). Había logrado ingresar a mediados del 2014 como encargada a una cadena de comercios que había sido atacada por saqueadores durante aquellas jornadas, pero luego fue desvinculada, según relató, cuando se enteraron que era mujer de Rosas. Ahora hace comidas para vender.
De esta manera ayuda a la economía familiar, afectada seriamente luego de la detención de su esposo. El sueldo que percibe Rosas como integrante de la fuerza disminuyó abruptamente luego de la detención: llegó a cobrar 15 pesos por mes y ahora está percibiendo apenas unos $ 1.500. La Justicia le rechazó dos planteos para hacer trabajos particulares. Los padres de Solange, sus hermanos (en especial su hermana Lourdes), su amiga Emilia y su suegra la acompañan para poder cubrir los gastos de la casa.
“Hemos pasado días sin comer. Pero la vamos a seguir luchando”, destacó.
También remarcó la ayuda que les brinda, a través de un fondo voluntario al que aportan agentes, suboficiales, oficiales y personal en retiro y que fue organizado por el suboficial Martínez. “Es una ayudita”, mencionó en diálogo con APF.
A las penurias económicas se suma la marginación social a la que los someten los propios camaradas de armas de Rosas, algunos de los cuales “agachan la cabeza cuando pasás, o se ríen. Ni siquiera fueron a tomar mate con él. No pido nada: sólo que lo acompañen. Me sobran los dedos de la mano para contar los funcionarios policiales que lo acompañan. Todos le dieron vuelta la cara. Y los jefes hicieron la de Poncio Pilatos”, precisó.
Sin embargo, destacó el apoyo que le dio en todo momento la Escuela Belgrano, donde va su hijo. “Se portó de diez, hasta el día de hoy”.
“A mí me sacaron a mi marido, me sacaron a mi Juan. A mi marido me lo cambiaron. Está mal. Lo único que hace es leer y hablar de la causa. Perdió la felicidad, la alegría. Le sacaron la vida”, expresó.
Entre los imputados “se llaman unos a otros y lloran. Vemos la parte más triste y vulnerable de ellos”, reseñó.
Nota: VARIAS.
Condenaron a 17 policías que se sublevaron en Concordia y posibilitaron saqueos. El fallo dado a conocer por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia es por sedición agravada en el marco de la grave situación producida en Entre Ríos en diciembre de 2013.
Diecisiete policías que el 8 y 9 de diciembre de 2013 tomaron la jefatura departamental de la localidad entrerriana de Concordia y posibilitaron una ola de saqueos que dejó tres muertos, fueron condenados hoy por el delito de sedición agravada a penas que van desde 4 años y seis meses a 3 años y seis meses de prisión efectiva.
El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, integrado por Jorge Alberto Barbagelata, Silvina Isabel Gallo y Darío Gustavo Perroud dio a conocer la condena impuesta a los policías por sedición agravada, pero desestimó las acusaciones de privación ilegítima de la libertad, daño calificado, peculado de bienes y lesiones leves reiteradas, que también pesaban sobre los uniformados.
El tribunal condenó a prisión efectiva de 4 años y 6 meses al oficial Carlos Zaragoza y a los suboficiales José María Biderbos y Leandro Coutinho, el primero por su alta jerarquía y a los otros dos como cabecillas de las revoltosas jornadas.
También los inhabilitó por 9 años para el ejercicio de cualquier tipo de cargo en la función pública.
Paralelamente, aplicó la pena de 4 años de prisión para los imputados Juan Manuel Rosas, Daniel Chávez, Diego Diferding, Juan Pedro Lacuadra, Alfredo Imaz y Luis Gómez, más el impedimento por 8 años para ejercer cargos en el Estado.
A los policías Luis Carlino, José Troncoso, Hugo Troncoso, Andrés Paredes, Carlos Rosas, Ricardo Paredes, Fabián Valdéz y Luis Paredes, el tribunal les impuso una condena de 3 años y seis meses de reclusión, más una inhabilitación de 7 años para trabajar en la función pública.
Durante el juicio, el fiscal Mario Guerrero sostuvo que los policías acusados “tomaron la Jefatura de Policía (de Concordia) en la noche del 8 de diciembre de 2013, instigando a saqueo en la ciudad” y recordó que el grupo de policías enjuiciados irrumpió en esa dependencia arrojando gas lacrimógeno e ingresando a las oficinas de los jefes y privándolos de su libertad.
Agregó que ello se debe sumar la toma de la sede del Comando Radioeléctrico y la interrupción de las líneas telefónicas.
Guerrero puntualizó que durante la sublevación hubo “una distribución de tareas” y que la toma de la Jefatura “estuvo organizada y planificada”.
También recalcó que “los móviles que llegaban a la Jefatura estaban impedidos de salir”, lo que explica porqué no se actuó cuando se alertó sobre el inicio de los saqueos en la zona noroeste de la ciudad.
También dijo que hubo funcionarios que anticiparon a algunos delincuentes que la ciudad quedaría sin servicio de seguridad y que las acciones de esos días estuvieron encuadradas en “arrancar al gobierno provincial un aumento salarial extorsivo”.
El propio gobernador, Sergio Urribarri, reconoció que tuvo que acordar con los sublevados, durante una reunión que mantuvo en Concordia, un aumento bajo “una situación extorsiva” y para “evitar un baño de sangre”, debido al cariz que tomaron los acontecimientos.
Cuando la situación se tranquilizó, el mandatario dio marcha atrás con el aumento salarial, reconociendo que había sido logrado por los sublevados “de manera extorsiva”.
A su vez, la procuradora adjunta de la provincia, Cecilia Goyeneche, señaló que los policías sublevados “no respetaron la cadena de mandos” y llevaron adelante “un hecho institucionalmente grave”.
En esta misma causa, la justicia entrerriana ya condenó a tres años de prisión de ejecución condicional a una pareja que participó de los saqueos, en el primer fallo que involucró a civiles.
En Concordia, más de 100 personas están imputadas por los saqueos a negocios, algunos porque los mismos autores de los desmanes subieron a la web las imágenes que luego serían utilizadas como pruebas en su contra.
CONCORDIA: La Justicia condenó por sedición a los policías que se sumaron a la huelga en 2013.
El Tribunal de Juicio condenó por unanimidad a 17 policías a penas de
entre 3 años y medio y cuatro años y medio, por el delito de sedición
agravada Sin embargo, los condenados permanecerán en libertad hasta
tanto la sentencia quede firme. Fueron absueltos de los delitos de
instigación a cometer ilícitos y privación ilegítima de la libertad. Un
acusado fue absuelto. Los fundamentos se leerán el 15. PREVISIBLE
SITUACION IMPUESTA DESDE EL GOBIERNO PROVINCIAL. APELARAN LA SENTENCIA
QUE INSTITUCIONALIZA LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL.
Por Juan Bracco
El Tribunal, integrado por el Dr. Jorge Alberto Barbagelata Xavier
(Presidente del Tribunal), la Dra. Silvina Isabel Gallo (Vocal), y el
Dr. Darío Gustavo Perroud, encontró a los acusados autores penalmente
responsables del delito de sedición agravada por su condición de
funcionarios públicos.
Las condenas, todas de cumplimiento efectivo, se dividieron en tres grupos:
1. El oficial Carlos Daniel Zaragoza y los suboficiales Manuel Leandro
Coutinho y José María Biderbos, fueron sentenciados a cuatro años y seis
meses de prisión, más la inhabilitación por 9 años para ejercer cargos
públicos.
2. Juan Manuel Rosas; Daniel Eduardo Chávez; Diego Federico Differding;
Luis Alberto Gómez; Juan Pedro Lacuadra y Alfredo Horacio Imaz fueron
condenados a cuatro años de prisión efectiva y el doble de
inhabilitación.
3. Luis Roberto Jesús Carlino; José Orlando Troncoso; Hugo Fabricio
Troncoso; Ricardo Hernán Paredes; Luis Alberto Paredes; Maximiliano
Paredes; Carlos Alcides Rosas y Romeo Fabián Valdez recibieron una
sentencia de tres años y seis meses y el doble de inhabilitación.
Hasta que la sentencia quede firme, ya sea porque no haya apelaciones o
porque sea ratificada por el Tribunal de Alzada, los condenados
permanecerán en libertad. Los fundamentos de la decisión se conocerán el
15 de julio. (APFDigital)
Juicio por sedición a policías de Concordia: Las consecuencias del proceso para los familiares
En paralelo a la causa judicial donde se ventilan los hechos ocurridos el 8 y 9 de diciembre de 2013, transitan las historias de las familias de los imputados quienes padecen, antes del fallo judicial, los efectos de la condena social. "Hemos pasado días sin comer", confesó Solange Zanandrea, esposa de uno de los acusados, el cabo primero Juan Manuel Rosas.Zanandrea y Rosas llevan cinco años de pareja. Viven junto al hijo menor de ella, fruto de una relación anterior, en una vivienda ubicada en calle Isthilart, frente al Hospital de Niños “Ramón Carrillo”, en la zona sur de Concordia, lugar donde el suboficial cumple arresto domiciliario, mientras espera el fallo en la causa “Zaragoza y otros s/ sedición agravada y otros”, en la que 18 policías enfrentan acusaciones que podrían acarrearles hasta 18 años de prisión.
La vida de la joven de 27 años dio un vuelco luego de la detención de su pareja. Tiene ataques de pánico y no puede encontrar trabajo, a pesar de tener una carrera universitaria (es traductora de italiano) y otra terciaria (en turismo). Había logrado ingresar a mediados del 2014 como encargada a una cadena de comercios que había sido atacada por saqueadores durante aquellas jornadas, pero luego fue desvinculada, según relató, cuando se enteraron que era mujer de Rosas. Ahora hace comidas para vender.
De esta manera ayuda a la economía familiar, afectada seriamente luego de la detención de su esposo. El sueldo que percibe Rosas como integrante de la fuerza disminuyó abruptamente luego de la detención: llegó a cobrar 15 pesos por mes y ahora está percibiendo apenas unos $ 1.500. La Justicia le rechazó dos planteos para hacer trabajos particulares. Los padres de Solange, sus hermanos (en especial su hermana Lourdes), su amiga Emilia y su suegra la acompañan para poder cubrir los gastos de la casa.
“Hemos pasado días sin comer. Pero la vamos a seguir luchando”, destacó.
También remarcó la ayuda que les brinda, a través de un fondo voluntario al que aportan agentes, suboficiales, oficiales y personal en retiro y que fue organizado por el suboficial Martínez. “Es una ayudita”, mencionó en diálogo con APF.
A las penurias económicas se suma la marginación social a la que los someten los propios camaradas de armas de Rosas, algunos de los cuales “agachan la cabeza cuando pasás, o se ríen. Ni siquiera fueron a tomar mate con él. No pido nada: sólo que lo acompañen. Me sobran los dedos de la mano para contar los funcionarios policiales que lo acompañan. Todos le dieron vuelta la cara. Y los jefes hicieron la de Poncio Pilatos”, precisó.
Sin embargo, destacó el apoyo que le dio en todo momento la Escuela Belgrano, donde va su hijo. “Se portó de diez, hasta el día de hoy”.
“A mí me sacaron a mi marido, me sacaron a mi Juan. A mi marido me lo cambiaron. Está mal. Lo único que hace es leer y hablar de la causa. Perdió la felicidad, la alegría. Le sacaron la vida”, expresó.
Entre los imputados “se llaman unos a otros y lloran. Vemos la parte más triste y vulnerable de ellos”, reseñó.
Hechos y consecuencias
Juan Manuel Rosas es uno de los 18 imputados en la causa que investiga los sucesos ocurridos durante el 8 y 9 de diciembre de 2013 en la capital del citrus, que dejaron sin seguridad ciudadana a la localidad. Esta situación redundó en 3 muertes e importantes pérdidas económicas por los saqueos que se produjeron.
Es uno de los que aparece en las fotografías tomadas en la sede de la Cafesg al momento de la firma del acta que permitió destrabar la situación. Está de uniforme, con remera blanca de la fuerza, detrás del Gobernador Sergio Urribarri, tomándolo del hombro.
“Hubo mucho reproche a él por haber participado. Y también alejamientos de personas que él consideraba demasiado importantes”, reconoció Zanandrea. También se despegó de las marchas previas al episodio aclarando: “Ni él, ni yo, ni ningún familiar estuvo en alguna marcha ni en ninguna entrega de petitorios”. El jueves 5 y el sábado 7 de diciembre de 2013, movilizaciones de familiares de policías y algunos integrantes de la fuerza de franco, entregaron a las autoridades de la Departamental petitorios exigiendo mejoras salariales y en las condiciones de trabajo. Fue la antesala de lo que ocurrió el domingo 8 y el lunes 9, cuyo entramado se está ventilando en las audiencias de la causa.
Como correlato de su participación en las negociaciones con el Gobernador, Rosas fue imputado por la Fiscalía y detenido el jueves 6 de febrero de 2014. “Esto nos cayó de sorpresa. Esperábamos una sanción, pero administrativa, no algo tan profundo como la detención repentina”, manifestó la esposa.
Luego, relató que su marido estaba trabajando ese día en la dependencia policial del balneario La Tortuga Alegre. “Me llamó sobre el mediodía y me dijo que a su hermano, Carlos Rosas (también imputado), lo habían ido a detener a la casa. Y luego para decirme que lo estaban llevando a él. Parecía que se me venía el mundo abajo”. Rosas intentó en ese momento tranquilizarla, diciéndole que, a lo sumo, podrían llevarlo a declarar a Tribunales. Pero terminaron siendo trasladados al penal de máxima seguridad de Federal, donde estuvo, junto a los otros policías acusados, hasta que se les otorgó la prisión domiciliaria a mediados del 2014.
El día del arresto, junto a otros familiares, Solange Zanandrea permaneció en una carpa improvisada que montaron frente a Jefatura, en la plaza 25 de Mayo. Al otro día, pudieron ir a Federal, luego de una colecta que hicieron entre ellos y policías de otras dependencias. Las impresiones que dejó esta situación y lo que le tocó vivir luego fueron “devastadores”, según describió.
El juicio, que se estima puede concluir a mediados de junio, está entrando en su etapa final, con las defensas produciendo pruebas que contrapesen las que incorporó la Fiscalía en la primera etapa. Hasta el momento, el testimonio que más complica a Juan Manuel Rosas es el del viceintendente Alejandro Casañas, quien dijo ante el Tribunal que era “notoria la ostentación del arma” que hacía durante la conversaciones con el Gobernador durante la noche del lunes 9.
Rosas, patrocinado por el defensor oficial Alejandro Giorgio, espera un resultado favorable a sus intereses en el fallo. De ser así “quiere volver a la Policía. ‘Si me permiten volver, vuelvo’, me dice. Y si no, quiere irse de Concordia”, comentó Zanandrea.
Pero “pase lo que pase, voy a estar firme junto a él. Porque es lo que más necesita”, remató.
Juan Manuel Rosas es uno de los 18 imputados en la causa que investiga los sucesos ocurridos durante el 8 y 9 de diciembre de 2013 en la capital del citrus, que dejaron sin seguridad ciudadana a la localidad. Esta situación redundó en 3 muertes e importantes pérdidas económicas por los saqueos que se produjeron.
Es uno de los que aparece en las fotografías tomadas en la sede de la Cafesg al momento de la firma del acta que permitió destrabar la situación. Está de uniforme, con remera blanca de la fuerza, detrás del Gobernador Sergio Urribarri, tomándolo del hombro.
“Hubo mucho reproche a él por haber participado. Y también alejamientos de personas que él consideraba demasiado importantes”, reconoció Zanandrea. También se despegó de las marchas previas al episodio aclarando: “Ni él, ni yo, ni ningún familiar estuvo en alguna marcha ni en ninguna entrega de petitorios”. El jueves 5 y el sábado 7 de diciembre de 2013, movilizaciones de familiares de policías y algunos integrantes de la fuerza de franco, entregaron a las autoridades de la Departamental petitorios exigiendo mejoras salariales y en las condiciones de trabajo. Fue la antesala de lo que ocurrió el domingo 8 y el lunes 9, cuyo entramado se está ventilando en las audiencias de la causa.
Como correlato de su participación en las negociaciones con el Gobernador, Rosas fue imputado por la Fiscalía y detenido el jueves 6 de febrero de 2014. “Esto nos cayó de sorpresa. Esperábamos una sanción, pero administrativa, no algo tan profundo como la detención repentina”, manifestó la esposa.
Luego, relató que su marido estaba trabajando ese día en la dependencia policial del balneario La Tortuga Alegre. “Me llamó sobre el mediodía y me dijo que a su hermano, Carlos Rosas (también imputado), lo habían ido a detener a la casa. Y luego para decirme que lo estaban llevando a él. Parecía que se me venía el mundo abajo”. Rosas intentó en ese momento tranquilizarla, diciéndole que, a lo sumo, podrían llevarlo a declarar a Tribunales. Pero terminaron siendo trasladados al penal de máxima seguridad de Federal, donde estuvo, junto a los otros policías acusados, hasta que se les otorgó la prisión domiciliaria a mediados del 2014.
El día del arresto, junto a otros familiares, Solange Zanandrea permaneció en una carpa improvisada que montaron frente a Jefatura, en la plaza 25 de Mayo. Al otro día, pudieron ir a Federal, luego de una colecta que hicieron entre ellos y policías de otras dependencias. Las impresiones que dejó esta situación y lo que le tocó vivir luego fueron “devastadores”, según describió.
El juicio, que se estima puede concluir a mediados de junio, está entrando en su etapa final, con las defensas produciendo pruebas que contrapesen las que incorporó la Fiscalía en la primera etapa. Hasta el momento, el testimonio que más complica a Juan Manuel Rosas es el del viceintendente Alejandro Casañas, quien dijo ante el Tribunal que era “notoria la ostentación del arma” que hacía durante la conversaciones con el Gobernador durante la noche del lunes 9.
Rosas, patrocinado por el defensor oficial Alejandro Giorgio, espera un resultado favorable a sus intereses en el fallo. De ser así “quiere volver a la Policía. ‘Si me permiten volver, vuelvo’, me dice. Y si no, quiere irse de Concordia”, comentó Zanandrea.
Pero “pase lo que pase, voy a estar firme junto a él. Porque es lo que más necesita”, remató.
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