Nota: diariouno.com
Varios jefes policiales del Gran Mendoza, Valle de Uco y Este precisaron qué es para ellos la “emergencia en seguridad pública”. Señalaron falta de criterio para distribuir personal y móviles, carencias de logística y corrupción interna como dilemas básicos.
“En la policía hay muchas cosas que se hacen mal. Nos falta gente, no tenemos móviles y muchas veces ni siquiera municiones. Pero también es cierto que para que seamos operativos en varios casos nos falta más que nada respaldo. Acá en Las Heras entramos a un barrio de los más violentos de la provincia, detenemos al cabecilla de varios asaltos e intentos de homicidio y resulta que cuando lo llevamos a la Oficina Fiscal suena el teléfono de un comisario y del otro lado alguien le ordena que lo suelten porque es puntero político”, dice desde el anonimato un policía que como tantos son de los que están en la trinchera contra la delincuencia.
En esta nota aparecen varios testimonios de altos funcionarios de la fuerza sin sus nombres, condición que pusieron para dar la entrevista.
Para varios de ellos la “emergencia en seguridad pública” se traduce en las carencias de la fuerza, en la corrupción que se les enquista puertas adentro y también en una falta de criterio para reestructurar la distribución del personal y móviles y poder hacerle frente a la inseguridad.
Más allá de las bancas de la Legislatura o las oficinas de Casa de Gobierno, la inseguridad se muestra en Mendoza como un monstruo de varias cabezas que se retroalimenta a cada segundo. En algunas oportunidades se nutre de la incapacidad de respuesta policial y otras tantas crece al amparo de la inoperancia de quienes deberían tomar decisiones estratégicas.
“Hay situaciones que no se entienden. Que alguien me explique ¿por qué una comisaría de Tupungato tiene la misma cantidad de policías que la Comisaría Tercera de Ciudad, que tiene a su cuidado todo el microcentro, por donde circulan miles de personas y ocurren centenares de delitos más que en el Valle de Uco? ¿O que en San Carlos haya 450 efectivos y en Las Heras, con una complejidad de inseguridad infinitamente mayor, trabajen sólo 300 policías? Así es obvio que nos van a seguir faltando policías, así como nos faltan móviles en todos lados”, se interroga una y otra vez un comisario de Las Heras y no encuentra una respuesta que lo conforme.
Un par suyo de Godoy Cruz redobla la apuesta: “Acá muchos se llenan la boca hablando de emergencia en seguridad pero si de verdad estuvieran preocupados por aportar a la seguridad harían lo que hizo (Daniel) Scioli, que puso toda su custodia a patrullar. En Mendoza si sumamos los custodios del Ejecutivo tendríamos el personal equivalente al que trabaja hoy en una comisaría”, calcula el uniformado y vuelve a ensañarse con el proyecto que se estudia en la Legislatura y que divide aguas dentro y afuera del Gobierno.
“La prevención se tiene que hacer con los policías y los móviles que tenemos. Yo no puedo especular con que si mañana egresan 140 efectivos más. Si se suman a la prevención bienvenido sea, a mí me encantaría tener un policía cada 100 metros, pero eso es imposible y la respuesta hay que darla hoy con dinamismo”, comienza diciendo, a modo de explicación y arenga a la vez, el jefe de la Policía, comisario Juan Carlos Caleri.
Para Caleri “la distribución de efectivos es equitativa al trabajo que se hace. En el Valle de Uco o el Sur puede haber más, porque allá no está el nuevo Código Procesal Penal y son los policías los que hacen la instrucción, eso les lleva más trabajo que a los del Gran Mendoza”, aseguró.
De acuerdo con los registros del Ministerio de Seguridad, en la actualidad la provincia cuenta con 9.500 efectivos. Lo que no se puede calcular es la cantidad de móviles que están funcionando, “porque todo el tiempo se están rompiendo y a la vez entran en circulación otros que se reparan”, confió Caleri.
Apaleados y sin municiones
A principios de marzo Diario UNO publicó el caso de 7 policías de Junín que terminaron con lesiones de distinta gravedad, uno de ellos con traumatismo craneano y fractura de tabique, tras intentar controlar a un patovica que fuera de sí provocaba destrozos en autos del estacionamiento de un boliche. El desaforado musculoso habría practicado lucha libre y no tuvo inconvenientes en golpear a los uniformados, incluida una mujer policía. Conocida la batahola, los familiares de los golpeados se preguntaban cómo era posible que no lo hubieran controlado al menos con postas de goma. La respuesta fue dura: “Es que no tenemos municiones, nos han dicho que se han terminado y si querés tenés que pagarla de tu bolsillo”.
En el Valle de Uco, un alto jefe asume que tener o no tener municiones para operativos hoy depende de la astucia de los comisarios. “Desde la mitad de la gestión del anterior ministro se empezó a sentir la carencia en logística.
Acá todo el mundo sabe que a fin de año se va terminando el presupuesto, así es que si en agosto tenés 100 cartuchos los estirás para llegar a diciembre”, se sincera.
La corrupción, ese enemigo
Conscientes de que puertas adentro de una comisaría o en la calle no todos los policías son honestos y se preocupan por la seguridad, un comisario de Guaymallén y otro de Las Heras coinciden: “Acá hay gente que hace negocios con la delincuencia”. El primero de ellos, un policía cercano a jubilarse, dispara que “todos hablan de la cantidad de droga que se mueve en Mendoza y lo que eso acarrea, pero te digo que con la tecnología que tenemos hoy, si hubiera voluntad se podría frenar el ingreso o incautar 100 kilos por día, pero eso no pasa y es porque cuando se los va a allanar, alguien de adentro les avisa y así no das nunca con los cabecillas”, admite y se nota que la situación lo molesta desde hace tiempo.
Su colega lasherino pone en valor esa situación. “Si no existiera corrupción no se explica cómo un policía de medio rango tenga 2 o 3 autos o se pasee impunemente en un vehículo que debe costar $950.000. Lo cierto es que algunos de ellos tienen protección y contra eso no se puede luchar”, se lamenta.
Un asesinato que provocó un cimbronazo dentro del Gobierno
El brutal crimen del turista neocelandés Nicholas Heyward (31), ejecutado por dos ladrones en moto que intentaron robarle la mochila en el parque General San Martín el lunes 28 de abril, repercutió duramente no sólo en el Ministerio de Seguridad sino que también puertas adentro de Casa de Gobierno y en la misma Legislatura.
Al domingo siguiente el vicegobernador Carlos Ciurca comenzó vía Twitter a arengar con la idea de sancionar una ley para declarar la emergencia en seguridad pública en la provincia y convocó a la oposición. Sin embargo el gobernador Paco Pérez le bajó la tónica al tema y dijo que recopilarían proyectos de seguridad estancados.
9.500 Policías es la cifra de efectivos que en la actualidad están en servicio en la provincia, según precisó el jefe de la Policía, comisario Juan Carlos Caleri. En el proyecto de ley de emergencia en seguridad pública se contempla incorporar también a 700 egresados del Instituto de Seguridad Pública.
Para los uniformados consultados, la falta de policías se supliría en parte si se distribuyera mejor el personal.
Dicen que una comisaría de Tupungato cuenta con los mismos efectivos que una de Ciudad.
Confiaron que San Carlos tiene 450 policías y Las Heras, con una inseguridad mucho mayor, sólo posee 300.
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